ISSN 2692-3912

La ciudad del fin de la historia

 

El papa Francisco llega al estadio Benito Juárez, sitio donde celebrará misa para más de 200 mil personas en Ciudad Juárez. Febrero 17, 2016. Foto: Julián Cardona.

Ciudad Juárez-La guerra comenzó con una ráfaga de fusil, la madrugada del 20 de enero de 2008. Un capitán de policía fue acribillado a bordo de su patrulla y a partir de entonces más de 13 mil personas han muerto asesinadas. Hay decenas de desaparecidos y miles más con las secuelas de la tortura y la extorsión. La era violenta golpeó como nunca a infantes y mujeres, cuya incidencia de homicidio y desaparición se elevó 500 por ciento. La impunidad prevalece en 97 de cada 100 casos.

Pero la desgracia se fraguó mucho antes. En 1984, con la firma de intención de México ante el Fondo Monetario Internacional, la ciudad fue uno de los escenarios en los que se experimentó el nuevo modelo de economía, que apostó a la captación de divisas mediante la instalación de multinacionales a lo largo de la frontera y desatendió el mercado interno. Se vivió entonces un primer estallido del sector maquilador, que terminó por afianzarse en 1995, al año de firmarse el  TLCAN.

Cientos de miles de mexicanos huyendo de la pobreza llegaron en busca de trabajo y garantías sociales. La industria se los daba a cambio de salarios que en principio promediaban el equivalente a tres mínimos. Juárez duplicó su población en 30 años, al mismo tiempo que ensanchó su población en condiciones de miseria. De los tres salarios mínimos se pasó a uno y medio, después de la crisis que siguió al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

“Para el 1997 la ciudad ya había agotado no solamente la mano de obra femenina y masculina disponible en la ciudad y sus alrededores”, dice Hugo Almada, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien ha seguido el fenómeno desde la década de los 80. “Entonces se produce la gran migración de veracruzanos, orquestada por las mismas maquiladoras, que enviaban camiones por ellos”.

Un puñado de familias, de no más de diez, fomenta hasta la fecha el modelo para beneficiarse. El fundo legal del municipio ha crecido para su conveniencia. Cada alcalde desde 1979 proyectó la mancha urbana hacia las tierras yermas que poseen esos empresarios. En 1995 el Instituto Municipal de Investigación y Planeación concluyó que la inmensidad de territorio abierto dentro de la zona urbana –producto de la forma en que se especuló con la tierra- bastaba para construir otra ciudad de millón y medio de habitantes.

Juárez dispone hoy de un límite en el que cabrían tres ciudades iguales, pero en los linderos del sur, a 60 kilómetros del centro, se construyó la Ciudad Universitaria, en medio de la nada, sobre predios inmensos que pertenecen al principal artífice del modelo, Jaime Bermúdez Cuarón, quien también fue alcalde a mediados de los 80. Lo que se genera con ello es una ciudad desprovista de servicios de seguridad pública, transporte, limpia, con falta de espacios educativos, hospitalarios y recreativos. Un trozo de mancha en donde se han suscitado más de la mitad de los asesinatos y desapariciones de la última década.

“El crecimiento de Juárez es miserable, fuera de toda congruencia”, resume Miguel Fernández Iturriza, un millonario que poseyó la embotelladora de refrescos más grande de la ciudad y que en 1999 se propuso generar un cambio a la vocación económica consagrada a la maquila, para lo cual fundó una asociación civil llamada Plan Estratégico de Juárez. “La venta de terrenos y la construcción de vivienda generaron enormes cantidades de dinero a los dueños de la ciudad. Pero hablamos de un modelo sin respeto a la ley”.

En 2008, el año en que convergió la crisis financiera provocada por la estampida de maquilas hacia China, y la violencia extraordinaria a partir de la ocupación de siete mil soldados y cinco mil agentes federales, el abandono histórico de la agenda social provocó la peor de las devastaciones urbanas vistas hasta hoy en el país. Un estudio de la UACJ en 2012, estimó que una quinta parte de la población huyó entre 2008 y 2011. Y un municipio adyacente, Guadalupe Distrito Bravos, registró el más notable de los destierros: 90 por ciento de sus habitantes escaparon para sobrevivir.

Parte de esa jerarquía creadora del sistema juarense tomará asiento frente al Papa, que con su arribo, el miércoles 17 de febrero, cerrará su primera visita en México. El sumo pontífice llega en un año crucial, en el que habrán de renovarse gubernatura, congreso y alcaldías. Los candidatos del PRI, el partido que ha mantenido el poder 90 por ciento del tiempo, son parte de la misma clase empresarial que hizo de Juárez lo que hoy es, el gran referente de las atrocidades del mundo global, como sanciona en su sentencia final el Tribunal Permanente de los Pueblos.

“Hay dos palabras para definir la situación actual de la ciudad: amnesia y deuda. Y con esta última va ligada la ausencia. Cuando vez a una sociedad que se apropia el discurso gubernamental, en el sentido de que ya nos hemos recuperado, sin que se haya dado información contundente sobre lo que pasó, ocurre este proceso de amnesia. La deuda es por la impunidad, que es enorme y la ausencia porque no existen actores capaces de provocar el cambio”, dice Héctor Padilla, jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la UACJ.

En julio pasado, en el marco del Encuentro Mundial de los Movimientos Populares celebrado en Bolivia, el Papa proclamó la Tierra, el Trabajo y el Techo como derechos sagrados. Juárez está lleno de obreros socavados y sin capacidad de mantener sus viviendas y de una legión entera despojada de sus propiedades en medio de amenazas, asesinatos y secuestros. Ninguno de ellos tendrá oportunidad siquiera de proclamarse, porque gobierno, empresarios y la misma Iglesia maniobran para negarles ese derecho.

 

LOS DE ABAJO

En 1994 se avecinaba un crecimiento desmedido de la maquila. El entonces gobernador del PAN, Francisco Barrio Terrazas, concibió junto con su gabinete y empresarios afines un modelo de ciudad en el que existieran parques industriales, plazas comerciales y casas para obreros y supervisores. Se ordenó entonces la expropiación de miles de hectáreas de un polígono conocido como Lote Bravo. Sus propietarios eran tres de las familias beneficiadas con ese modelo de economía: Bermúdez, Quevedo, Verdes.

Sobre ellas se construyó el entramado en el que se asientan los migrantes del sur traídos en los 90 por la maquiladora.

Francisca Rivera Antúnez es una de ellos. Llegó procedente de Huarache, Durango, en 2002. A pesar de su pobreza extrema, la Dirección de Asentamientos Urbanos del municipio le cedió un terreno de siete por 22 metros en una de las colonias concebidas para los trabajadores, llamada Simona Barba. Aún debe la mitad de los 30 mil pesos que se comprometió a pagar. Los primeros cuatro años los vivió en un cuarto de cartón, hasta que en 2006 un grupo de misioneros estadounidenses le construyó tres cuartos de madera con una sola ventana.

El viento gélido que se cuela por las ranuras de la choza hizo que ella y sus cuatro hijos se mantuvieran enfermos desde que comenzó el invierno. Francisca es una de las 76 personas despedidas por la multinacional Lexmark, que en 2015 reportó ganancias por tres mil 700 millones de dólares. Francisca y sus compañeros pretendieron constituir un sindicato independiente después de que les fue negado un aumento salarial de nueve pesos diarios. Hoy está en lucha con todos ellos. Levantaron frente a la planta un cuarto de madera y cartón, en el que realizan guardias permanentes desde el nueve de diciembre, cuando fueron despedidos. Nadie los escucha.

“Desde hace como tres o cuatro años tengo tendinitis por estirar tanto el brazo”, dice entre tosidos, sentada sobre una de dos sillas que tiene en su pequeña cocina, donde esa mañana hierve algo de verduras marchitas para comer.

Francisca mide 1.45 metros. Se destrozó el rotador del brazo derecho tras 10 años de laborar en Lexmark. Cada jornada estiraba el brazo 1,200 veces para jalar una caja en las que debía colocar los cartuchos de impresora, que es lo que fabrica la firma. El Seguro Social no le paga incapacidad. La razón es que autoridades federales, del trabajo, del estado y el municipio se confabulan para facilitarle a las empresas el desecho permanente de humanos enfermos, dice Susana Prieto, la abogada laborista que defiende su causa.

“Este trato es inhumano. Los trabajadores sufren violaciones a sus derechos humanos y nadie se entera en la sociedad. Tenemos entre 318 mil y 400 mil trabajadores en la industria maquiladora a quienes se les paga una miseria, un salario de 650 pesos semanales que no es siquiera la mitad de lo que el Inegi establece como mínimo para la canasta básica de una familia de cuatro, que es de 5,800 pesos al mes- dice. Hay un maridaje, un pacto establecido de cero concesión o apertura a los derechos de los trabajadores. El gobierno trabaja como perro para que en Juárez no haya sindicalismo libre”.

Los 76 trabajadores despedidos sobreviven con 200 o 300 pesos semanales. Reciben donativos de comida de unos cuantos ciudadanos de uno y otro lado de la frontera que se han enterado de lo que sucede por redes sociales. La prensa local también los confina a la invisibilidad. La abogada les dijo que posiblemente perderán el caso, pero ninguno piensa abandonar la lucha.

“Voy a seguir hasta el final, porque estoy en mi derecho”, dice Francisca, quien solo cursó hasta tercer año de primaria. “Me puedo morir de hambre, pero no pienso renunciar porque tenemos la razón”.

Ella y sus compañeros de causa saben que el Papa sostendrá un encuentro con trabajadores de Juárez y otras regiones del país. Tomaron el acuerdo de no acercarse siquiera a su paso porque lo consideran inútil. Ninguna autoridad eclesial los invitó, y menos los representantes del poder público. Susana Prieto tampoco hizo el esfuerzo para convencerlos de lo contrario. “Si vamos nos pueden matar -dice. Pero al menos ya le echamos un chingo al sistema y el Papa dice que no vendrá a hacerles el caldo gordo. Veremos”.

El 27 de agosto, después de ganar la demanda de 122 trabajadores contra la multinacional Foxconn, por trato indigno y acoso sexual, la abogada sufrió un atentado brutal en su despacho. Cuatro sujetos armados llegaron para despojarla de sus honorarios. Su esposo fue golpeado por el sujeto que dirigía la operación. Lo dejó bañado en sangre. Un día después lo identificaron ante la fiscalía, ellos dos y los 13 empleados de la oficina. Lo dejaron libre porque les dijeron que seguían otra línea de investigación. El caso sigue impune.

“Esta vez tengo mucho miedo. Sé de lo que son capaces en este gobierno y sé que una vez terminada la visita del Papa vendrán por nosotros”, confiesa la abogada.

 

IMPOSICIÓN DEL SILENCIO

El párroco de catedral, Eduardo Hayen Cuarón, cuya familia pertenece a las elites empresariales, justificó el gasto oneroso impulsado por la propia Iglesia, de cara a la visita de Francisco I. Para ello aludió un pasaje bíblico en el que Jesús ataja el cuestionamiento de Judas Iscariote al momento en el que María Magdalena perfuma sus pies con 300 gramos de nardo puro, equivalentes a un año de salario. “Déjala, estaba guardando el perfume para mí”, le dijo Jesús. “A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, a mí no siempre me tendrán”.

En Juárez siempre estarán los pobres, de acuerdo con Hayen, pero “La visita del Papa Francisco es otra cosa, es la única oportunidad en su vida para muchos católicos de verlo”.

Basados en la idea, empresarios y autoridades, tanto públicas como eclesiásticas, han hecho lo posible por darle lustre a la ciudad y acallar sus males. Por las avenidas principales se colocaron panorámicos desde que se confirmó la visita del sumo pontífice. En ellas aparece el rostro de Francisco I, invariablemente rematado con un eslogan concebido para el giro de imagen que se busca: “Ciudad Juárez, la ciudad del amor”.

Para el acto principal, la misa que realizará el Papa al borde del río Bravo, la Diócesis local dispondrá de 21 mil sillas para invitados especiales. De ellas, solo 200 están previstas para madres de desaparecidos, tanto de Juárez como del resto de México. La forma en la que se les eligió es un misterio. Al menos lo es para José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida desde 2009. Ni a él ni a cientos de madres y padres en la misma situación les fue extendida invitación.

“Lo que sé, es que a las que sí irán les prohibieron llevar pancartas y pronunciarse”, dice. En síntesis, solo asistirán a una misa.

De 2010 a la fecha, la fiscalía local recibió 2,505 reportes por desaparición de mujeres y lleva el registro de 775 homicidios, la inmensa mayoría impunes.

En una carta que le fue enviada en enero al Papa, los integrantes de El Barzón en Chihuahua resumen su lucha de 20 años, apelando a su mensaje de la triple T ofrecido en Bolivia.

“Como Tú, Padre Francisco, nosotros mantenemos una lucha constante contra la economía del descarte, que desecha a los seres humanos y a nuestra madre naturaleza en aras de la idolatría del dinero. Una lucha indeclinable por la justicia.  Por ello, con la franqueza y la sencillez que caracteriza a las mujeres y los hombres del campo te solicitamos  nos recibas en audiencia durante tu próxima visita a Ciudad Juárez, para compartirte nuestras luchas, sueños y esperanzas y escuchar tu palabra”, le dicen.

No hubo respuesta. Por lo tanto se organizan para por lo menos ser visibles. Piensan arribar con 250 tractores y hombres a caballo, pero ya sufrieron una primera advertencia de las autoridades. No se les permitirá llegar con ellos bajo el argumento de que entre todos concentrarán diésel en una cantidad que puede constituir una amenaza para el sumo pontífice. La Diócesis les ofreció 900 metros lineales para que se sumen a la valla humana preparada para la visita. El tramo concedido, sin embargo, ha sido bardeado con malla ciclónica por empresarios y autoridades, dice Martín Solís, uno de los líderes de El Barzón.

“Tenemos un plan B-anticipa. Francisco debe saber lo que pasa, de la realidad que se quiere ocultar. No tendremos otra oportunidad. Aunque él sabe ya la sentencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos”.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera, fue integrante del capítulo México del Tribunal. Fue él quien entregó en mano propia la sentencia final al Papa, en diciembre pasado. A días del arribo, reitera su molestia por la forma en la que el poder delegado a los gobernantes consolidó el modelo de economía para beneficio de unos cuantos, que se prestan para la instalación de las multinacionales y el amasamiento de los grandes capitales. “México es hoy el país más destruido del mundo, gracias a esta política”, dice.

Vera será uno de los pocos miembros de la Iglesia que acompañará a Francisco I en su recorrido por el país. Está convencido de que el Papa no solo traerá esperanza, sino que dejará a la Iglesia el peso de la enorme responsabilidad que supone el trabajo de la defensa de la justicia y derecho sociales.

“El Santo Padre nos anima a dejar nuestros templos y nos ha colocado con su mensaje en medio de los planteamientos que hace la sociedad, de la injusticia, de la terrible indiferencia hacia el sufrimiento humano. En su mensaje de paz el Papa nos dice que cuando la indiferencia toca al espacio público, la indiferencia entonces se ha globalizado. Y esa es la situación que estamos viviendo en México”, dice el obispo.

 

*Esta crónica fue publicada el 12 de febrero de 2016 en la revista Newsweek en Español. El autor autorizó su publicación en este número.

 

Ignacio Alvarado Álvarez ejerce como periodista desde 1989. Fue reportero de investigación de El Diario de Juárez y El Universal. Ha colaborado en revistas nacionales, así como en la agencia Al Jazeera y ARD Televisión Pública Alemana. Entre 2014 y 2018 co-dirigió Newsweek en Español. Ha dictado conferencias y coordinado talleres sobre periodismo, violencia y sistemas criminales en universidades de México, Estados Unidos y Europa.

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